Ante la visita oficial a Latinoamérica del presidente de la República de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, quien fue recibido en Chile, Perú y Ecuador con una agenda que es presentada como orientada a fines comerciales, manifestamos nuestra preocupación ya que se trata del líder de un régimen con importantes denuncias por parte de organizaciones turcas e internacionales por cometer sistemáticas violaciones a los derechos humanos y a la libertad de expresión, situación que se agravó en los últimos meses luego de una elección parlamentaria en la que el partido oficialista perdió la mayoría absoluta.
Frente a ese nuevo panorama político, las denuncias por prácticas autoritarias se incrementaron sustancialmente, incluidos encarcelamientos de periodistas independientes, tras lo cual, Erdogan convocó a nuevas elecciones en las que recuperó la mayoría, en unos comicios plagados de denuncias por irregularidades.
A su vez, gobiernos de otros países de la región han aportado elementos que permiten sospechar que el Estado turco colabora con grupos terroristas como el ISIS y Al Qaeda, a través del tráfico de petróleo (hecho en el que está involucrado el propio hijo de Erdogan) y el entrenamiento a guerrilleros mediante los servicios de inteligencia.
Por otra parte, la población kurda denuncia estar siendo masacrada en sus territorios, bajo el pretexto gubernamental de “combatir” al Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK), una organización que actualmente ha abandonado la vía violenta y está bregando por una solución pacífica a sus reclamos.
Como representantes de la comunidad armenia, se nos hace imposible no asociar estas prácticas abusivas y violentas con el genocidio que hace cien años padeció el pueblo armenio, dejando un luctuoso saldo de un millón y medio de víctimas, crimen que Erdogan, al igual que sus antecesores en la representación del Estado turco, continúa negando, a pesar de las innumerables evidencias y testimonios que lo prueban.
La política negacionista de Turquía en torno a este episodio histórico es de tal magnitud, que hasta quienes reclaman públicamente su reconocimiento son castigados y perseguidos, como sucedió con el escritor turco ganador del premio Nobel de Lietaratura, Orhan Pamuk, y con el periodista de origen armenio Hrant Dink, quien no sólo estuvo en prisión por ese motivo, sino que fue asesinado en 2007, en un crimen que aún no está del todo resuelto y en el que hay 25 funcionarios imputados, incluidos policías y agentes de inteligencia.
Todos los países tienen el derecho de afianzar sus relaciones comerciales de acuerdo con sus intereses, pero el respeto a los derechos humanos debe prevalecer como una bandera universal innegociable sobre la base de la cual estrechar lazos.
Recibir a un mandatario con tamañas acusaciones de violación a los derechos más elementales no es auspicioso para la consolidación de nuestra región como uno de los lugares donde esta cuestión es más respetada.
En 2010 Erdogan canceló su visita a la Argentina porque el jefe de Gobierno porteño de aquel entonces, el actual presidente Mauricio Macri, no autorizó la colocación en Buenos Aires de un busto en honor de Mustafá Kemal Ataturk, uno de los continuadores del genocidio contra el pueblo armenio, considerado el “padre” de la actual República de Turquía. Esa cancelación fue un alivio no sólo para la comunidad armenia de la Argentina, que hizo un esfuerzo mancomunado para evitar esa afrenta a la memoria de nuestro millón y medio de mártires, sino para todos los que nos enorgullecemos de que la Argentina esté a la vanguardia en la condena a los crímenes de lesa humanidad y en el respeto a los derechos humanos y la memoria histórica.
Centro Armenio de la República Argentina
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